PNUD declara no viable a La Cementera

INFORME ESPECIAL

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Valerie Julliand, y Juan Mayr, Coordinador de la Misión, presentaron hoy el informe sobre el proceso técnico y legal de otorgamiento de la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 al Consorcio Minero Dominicano para instalar una fábrica de cemento en el Distrito Municipal de Gonzalo, provincia de Monte Plata, así como la viabilidad y pertinencia de la industria en la zona, según el pedido realizado por el Gobierno dominicano en Junio de 2009.

Le acompañaron en la presentación Ricardo Sánchez, Oficial Principal del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Cristina Nogueira, Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en República Dominicana: Deep Ford, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en República Dominicana; Mauricio Ramírez Villegas, Representante Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana; así como Eduardo Vadillo Sánchez, especialista en Impacto Ambiental y Florencia Hastings, especialista en Derecho Ambiental, ambos miembros del equipo de expertos que participaron en la Misión.

1. Antecedentes

La misión de evaluación estuvo conformada por un equipo de expertos internacionales de alto nivel que fueron seleccionados con el apoyo de las siguientes agencias del Sistema de las Naciones Unidas: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Las áreas de la evaluación abarcaron las siguientes disciplinas: derecho ambiental; hidrogeología y acuíferos kársticos del Caribe; biodiversidad y áreas protegidas; ordenamiento ecológico del territorio; salud pública y ambiental; patrimonio cultural; y aspectos sociales y económicos.

Asimismo, se definió una metodología incluyente y participativa. En el proceso se tomaron en cuenta las opiniones de todos los interesados que contribuyeron con exposiciones en las jornadas informativas, consultas públicas, reuniones técnicas de trabajo, entrevistas y visitas de campo.

Durante el periodo de consultas representantes de diferentes agrupaciones e instituciones entregaron más de 70 documentos a la misión de expertos quienes además revisaron más de 150 referencias bibliográficas. En total, más de 550 dominicanos y dominicanas, adultos, jóvenes, niñas y niños tomaron parte de este proceso.

Para la evaluación legal, se revisó toda la documentación relacionada con el proceso de otorgamiento de la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 entregada por la SEMARENA así como la legislación minera, ambiental y de patrimonio cultural, entre otras.

Desde cada una de las áreas temáticas estudiadas en esta evaluación se realizó un análisis técnico a partir de información verificable, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto en la zona propuesta. De igual manera, se procedió a evaluar la pertinencia del mismo, analizando su congruencia con el marco legal y las convenciones internacionales suscritas por la República Dominicana, así como la sostenibilidad ambiental, las necesidades de la población local y nacional y los requerimientos de desarrollo del país para el mediano y largo plazo.

2. Resultados de la evaluación

Con respecto a la evaluación técnica se concluyó que el proceso no cumplió con el rigor técnico y científico dada la complejidad del caso. El Estudio de Impacto Ambiental debió incluir análisis esenciales e imprescindibles, como los relativos al impacto sobre la salud humana y sobre el patrimonio cultural, y todos los posibles impactos ambientales debieron ser identificados y evaluados.

Con respecto a la evaluación legal, dada la particularidad del caso, se concluyó que se cumplieron los requerimientos establecidos en la Ley. Sin embargo, no se observaron adecuadamente todos los principios del marco legal ambiental, en particular, el Principio de Precaución que establece la Ley No. 64-00 y de la Convención de Rio, el cual, en este contexto, adquiere vital relevancia para evitar daños irreversibles al medio ambiente.

Considerando el análisis de los factores físicos, biológicos y culturales de la región; las afectaciones al medio ambiente; el alto grado de incertidumbre del impacto del proyecto sobre la estabilidad geológica de la región, sobre el paisaje y fundamentalmente sobre los acuíferos, superficiales y subterráneos, de la zona kárstica de los Haitises; y teniendo en cuenta el principio de precaución que establece que, frente a la incertidumbre, no se pueden asumir riesgos porque los daños podrían ser irreversibles, se concluye que el proyecto no es viable en el lugar propuesto.

Finalmente, para evaluar la pertinencia se han ponderado diferentes factores y elementos que indican que los costos y los riesgos del proyecto superan ampliamente los beneficios y las oportunidades. Por ello, se concluye que la instalación de una cementera en la región kárstica de Los Haitises no es pertinente.

En su rol de acompañamiento al Gobierno dominicano, las Naciones Unidas incluyeron un capítulo de recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional, la sostenibilidad ambiental y a mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

Las Naciones Unidas saludan la iniciativa del Gobierno dominicano, y en particular de la SEMARENA, de someter su decisión a la revisión de un organismo internacional, ya que ello fortalece la transparencia de la gestión pública. Asimismo, agradecen la confianza depositada por el Gobierno en esta organización.

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Valerie Julliand, se congratuló por el interés mostrado por la ciudadanía al ejercer su deber y su derecho de monitorear cualquier proceso que afecte a los intereses públicos y reiteró que corresponde a la Justicia y al Estado dominicano tomar la decisión final en relación a este caso.

‘’Estamos plenamente convencidos que este proceso ha sido un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana’’ expresó la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana.

PUNTO LEGAL-RD 2009