INFORME ESPECIALPOR IVAN DIAZ
"...El incremento del patrimonio en forma evidente y excesiva se constituirá en el primer elemento de la infracción especial de enriquecimiento ilícito, la cual conlleva sanciones de 5 a 10 años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto incrementado y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 2 a 10 años, según la gravedad y naturaleza del caso...".
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) presentó un nuevo proyecto de ley de declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, que obliga a los funcionarios a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por un notario público, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su cónyuge, sin el cual no se hará efectiva su designación o elección.
La información se dio a conocer una rueda de prensa que estuvo encabezada por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, y el director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), licenciado Hotoniel Bonilla, quien tuvo a su cargo la presentación del proyecto al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, licenciado Francisco Domínguez Brito.
Representante del Banco Mundial en República Dominicana, Roby Senderowitsch; el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Pablo del Rosario; el director del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), doctor Marcos Villamán, y el coordinador general de Participación Ciudada (PC), Samir Chami Isa.
PUNTOS ESPECIALES DE LA REFORMA
Si el contenido del anteproyecto de ley no se cambia, la República Dominicana contará con una norma actualizada, que garantizará mayor eficiencia en el combate de la corrupción. Y "el sindrome de Shakira", no sera justificación para este tipo de crimen. Se rompera con la multiplicación de los turpenes, y las Yuleydis, tendran que buscar otra forma para vivir la buena vida. Todos los funcionarios estarán en la obligación de suministrar a la Cámara de Cuentas y a la DPCA toda la información requerida para los fines de la aplicación de la ley en los plazos indicados, y en caso contrario, se impondrán sanciones que conllevan pena correccional desde tres meses a un año de prisión.
El proyecto indica que la Cámara de Cuentas será el organismo competente para decidir las cuestiones administrativas y de cumplimiento de esa ley. Además, especifica que los funcionarios obligados a presentar la declaración jurada de bienes y no lo hagan en los plazos previstos en la ley, serán sancionados con la retención de sus salarios y la imposición de una multa igual al salario que perciban como funcionario del Estado.
Entre los funcionarios que deberán cumplir con la declaración jurada de bienes, figuran: el Presidente de la República, los senadores y diputados, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los demás jueces del orden judicial, el Procurador General de la República, sus adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público y los secretarios y subsecretarios de Estado.
UNA SANCION MAYOR CONTRA LOS CORRUPTOS
El incremento del patrimonio en forma evidente y excesiva se constituirá en el primer elemento de la infracción especial de enriquecimiento ilícito, la cual conlleva sanciones de 5 a 10 años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto incrementado y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 2 a 10 años, según la gravedad y naturaleza del caso.
El nuevo proyecto de ley también precisa que los funcionarios del Estado condenados por la infracción de enriquecimiento ilícito, les serán secuestrados y decomisados los bienes que constituyen el incremento de su patrimonio, que se haya determinado es el producto de las infracciones que provocaron dicho enriquecimiento.
Le damos gracias al Departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República, por la primicia, así como al periodico Diario Libre, por su apoyo documental, con la caricatura Diogenes y Boquechivo.
PUNTO LEGAL-RD 2007-2009
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