LA VIDEO VIGILANCIA CONTRA LA DELINCUENCIA: HACIA UNA NUEVA ERA DEL CONTROL ELECTRONICO DEL CRIMEN”

En el día de hoy, al leer una noticia del periódico "El Nacional", en esta red informática, me llama la atención la propuesta del diputado del Distrito Nacional, Pelegrín Castillo, sobre la instalación de un sistema de cámaras para la "prevención del crimen en los lugares públicos. Esta iniciativa es muy importante, pero la política criminal del Estado, debe atender lo prioritario: satisfacer las necesidades básicas de su población, esta económicamente e históricamente probado que "sin barriga llena no hay corazón contento".

El legislador hace un llamado al gobierno para que se adopte la plataforma de México, porque otros países la han adoptado. Países diferentes, con historias diferentes, con una población mayor, con una pobreza mayor. ¿este legislador creé que así se resolverán los problemas de "seguridad ciudadana"? Un Estado, donde un policía no gana lo suficiente ni para mantenerse, y piensa este "funcionario elegido, que con un jugoso "Contrato" de video-cámaras se resolverá este flagelo social.

Hay que tener en cuenta que desde el año pasado(2008), una empresa local, está presionando para que el gobierno Dominicano, inicie este plan de "seguridad". Esta empresa puso al servicio de las autoridades las ventajas tecnológicas que ofrece el sistema de cámaras que siguen el comportamiento vehicular, que también sirve como instrumento para vigilar y rastrear la delincuencia callejera.

Este moderno sistema, diseñado para vigilar el comportamiento del tránsito y evitar los molestosos taponamientos, podría ser usado por los organismos de seguridad como mecanismo de seguimiento a las actividades de naturaleza delictiva.

Desde el Centro de Control Semafórico, instituciones como la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones y la Dirección Nacional de Control de Drogas, tendrían la oportunidad de observar, en tiempo real, la comisión de acciones criminales contra ciudadanos en las principales vías de la capital, establecimientos comerciales o cualquier tipo de negocio.

Kendry Rivas, director de este centro, señala que ya son varias las ocasiones en las que técnicos debidamente entrenados de esa unidad han presentado el proyecto al secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda. Dijo que hasta lo han invitado para que compruebe de manera personal las ventajas que ofrece este moderno sistema de monitoreo.

Pero el funcionario todavía no se ha interesado en la nueva propuesta de prevención delictiva.
“Desde aquí se pueden presenciar atracos, robos, se toman fotos, se toman las placas y se graba. Se puede grabar en tiempo real un día entero una intersección”, explica Rivas.

Sin apuntar a lo personal sorprende el interés del diputado sobre la seguridad ciudadana, sin mencionar un proyecto de ley que garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En los países donde ha aplicado esta “herramienta de control social”, además de incrementarse la criminalidad, también a aumentado la violación a los derechos fundamentales. Un caso típico es España donde la jurisprudencia ha tenido que fallar casos donde el imputado se ha convertido en victima del sistema de persecución del crimen.

¿Es acaso que las herramientas actuales de “represión” no son suficientes? ¿Estamos perdiendo la batalla y tendremos que usar la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, como lo usan muchos países de Europa, en nombre de la Seguridad?

Sin una ley consensuada al respecto, no puede aceptarse este proyecto de política criminal. Los dominicanos tienen derecho a conocer a fondo que hay detrás de este plan: sin norma adjetiva no hay orden garantizado, Sr. Castillo.

Todos los extremos hacen daño y mucho. Causan problemas irreparables que ninguna política de control del crimen, ha resarcido. El Poder Ejecutivo no debe por decreto iniciar con este plan, lo jurídicamente correcto en este caso es que la Sociedad Civil se integre en elaborar un ante proyecto de ley. Como dice el diputado Pelegrin Castillo: “la seguridad ciudadana es un asunto de todos”.

Es el momento de unir fuerzas, porque una nueva era de la política criminal de persecución del crimen se avecina y sus ráfagas ya se sienten: el gobierno electrónico, sistema de control biométricos de la JCE(sin una ley que regule), sistema de control de fichas, los BURO del control de crédito, etc.

El medio ambiente de los derechos fundamentales esta siendo seriamente amenazado en nuestro país y nadie pone atención. ¿Dónde están los juristas del Derecho dominicano?

Ya lo he denunciado en varias ocasiones, la crisis de las garantías fundamentales y legales va en aumento. Mientras se amplían los mecanismos “legales” de persecución criminal se estrechan las prerrogativas ciudadanas. Una ley que regularice este mecanismo es lo más recomendable; una norma que emane del Congreso.

Te dejo con este artículo, del sitio web español, Noticias Jurídicas. Esperando que con este estudio científico-jurídico, puedas reflexionar sobre el tema en cuestión. Ir al vinculo: Captación y grabación de imágenes y sonidos con fines de ...

PUNTO LEGAL RD 2009

CASOS PENALES: historias personales / EL CAMBIARA...LO JURO POR MI VIDA!!

EL CAMBIARA...LO JURO POR MI VIDA

Roció Duran, era una joven, de unos veintiocho años de edad, y solo le faltaba un año para salir de la universidad Estatal de Quisqueya, donde estudió Derecho. Ella quiso ser una abogada exitosa y así poder demostrarle a su familia y a la sociedad que se podía llegar a ser alguien importante en la vida sin depender de nadie.

Pero a Roció, no le interesaba mucho la carrera que cursaba en la Universidad, ella entró a dicha academia, buscando un fin superior: encontrar un hombre con dinero y serio; casarse con el, tener un hijo y después divorciarse; ya que sus tres matrimonios fallidos anteriores, con tres hombres de diferentes "temperamentos difíciles de tratar", quizás la marcaron para convertirla en una mujer interesada al extremo, en busca de un sueño que se convertiría posteriormente en una mortal pesadilla.

El 6 de enero del 2003, mientras Roció Duran, estaba en su casa ubicada en la comunidad de El Cazabe, cuando sintió un malestar hogareño, típico de un barrio pobre:” - coño, se llevan la luz”. Es en ese momento cuando sale de su residencia y se dirige al colmado más cercano, pero se encuentra con otro grave problema: no tiene dinero para comprar ni siquiera una vela o por lo menos comprar los cerillos. Se da la vuelta y echa fuera una nueva palabra obscena con el nombre de “coñazo”.

Es en ese trayecto, donde conoce quien tres años mas tarde se convirtió en el padre de su niña Josefina y su gran verdugo: el hombre mas odiado por ella en su vida y en el mas allá. quizas porque era muy mujeriego, borrachón y agresivo, pero mas aún, porque lo amaba "con locura".

José Gil, era un joven de 24 años, que desde sus 18 años había entregado su vida a la Policía Nacional Quisqueyana, dejo los estudios a los 17, cuando estaba en primero de bachillerato porque tenia que trabajar para responsabilizarse del niño que su exnovia Juliana Méndez, le había adjudicado, antes de confesarle al cabo de la policía, tres años mas tarde, que el infante no era suyo y que el apellido se lo daría su padre biológico…

Los tres años de concubinato de Roció y José se caracterizaron por ser violentamente estables y pacíficamente inestables: esto así, ya que los vecinos de la comunidad les extrañaba cuando Roció no gritaba pidiendo auxilio por las golpizas de su pareja; las escenas de celos de la agraviada en el colmado donde José se gastaba la quincena con sus amigas intimas, hasta que cerraban el negocio de expendios de bebidas alcohólicas y volvía al otro día a pedir prestado para el pasaje para ir al trabajo, dicho sea de paso, después de darle una pela “a su mujer”, -aún- mientras esta cumplía el quinto mes de embarazo de quien en el futuro iba a ser su hija.

DESDE LA DENUNCIA...hasta el final

Después de una golpiza y con siete meses de embarazo, Roció decide -por fin- denunciar a su agresor, esta vez casi le pega tres tiros después de la “acostumbrada golpiza”. Los familiares, los vecinos y sus amigos le dan la espalda, porque según la costumbre “en pleito de marido y mujer nadie se debe meter” y esta mujer maltratada, siempre les decía la frase celebre “el va a cambiar”.

Ya, ante el Juez, Roció decide retirar la denuncia y le dice al fiscal, que“...magistrado, el va puede cambiar: lo juro por mi vida...”, además que necesita que José vuelva al servicio policiaco, para que mantenga a su hija y cumpla con su obligación de padre: lo ha perdonado, se archiva provisionalmente el caso…

Un año después, la prensa local informa "AGENTE POLICIAL MATA EX - MUJER UN DIA ANTES DE GRADUARSE DE LA UNIVERSIDAD Y SE SUICIDA, dejando una niña huérfana”. 25 de Noviembre 2006.

A la semana de esta noticia, ya nadie recuerda a Roció Duran. Es parte de la Estadística de Mujeres asesinadas por sus agresivas parejas, y su hija Josefina, es criada por su abuela Esthel, quien es "divorciada": muy pronto irá a la escuela.

Se espera que la pequeña Josefina, no repita el mismo "ciclo de violencia" del cual fueron victimas sus fallecidos padres.

Escrito por IVAN DIAZ

Producción General: Punto Legal-RD 2009

DECISIÓN 16/09 de la SCJ, SOBRE CAMBIOS EN JUZGADOS DE LA INSTRUCCIÓN: PODRIA CREAR CAOS JUDICIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

“…Fundamentada en el Auto administrativo No. 16/09 de la SCJ, la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción dispuso el pasado 29 de mayo, el sorteo de los casos afectando negativamente los principios procesales de celeridad y de información del debido proceso de ley ante esta jurisdicción penal…”.

Por IVÁN DÍAZ

En el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, la Coordinación de los Juzgados de la instrucción mediante el Auto. No. 50/2009, de fecha 29 de mayo 2009, ha resuelto redistribuir(nuevamente sortear) los casos fijados a parir del día primero del presente mes de junio pertenecientes al Segundo y Tercer Juzgado de la Instrucción, entre el Primer, Cuarto y Quinto Juzgado, respectivamente.

La siguiente decisión fue una formal ejecución del Acta Núm. 16/09, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, comunicada por el director general de la Carrera Judicial, señor Pablo I. Garrido Medina, que autoriza que tanto el Segundo como el Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de la provincia Santo Domingo, hagan sus funciones de oficinas de la Jurisdicición Permanente, ordenando a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, de dicha provincia, que mediante auto rotativo los mencionados juzgados ejerzan sus "nuevas funciones".-

La Cámara Penal de la Corte de Apelación, obedeciendo y motivadas por las directrices la de la mencionada decisión de la SCJ, en fecha 22 de mayo es mediante Auto Núm. 73-G-2009, resuelve, motivada al respecto, que la Coordinación de los cinco juzgados de la instrucción sean rotativamente asignados a la Oficina de Atención Permanente, de lunes a viernes en horario de 7: 30 A.M. a 04: 30 P.M., el Tercer Juzgado de la Instrucción; y el Segundo Juzgado de la Instrucción de 4:30 P.M. a 11:30 P.M, desde el 1ro. de junio al 31 de julio del presente año.- Esto inicia un nuevo procedimiento de rotación de juzgados en este distrito judicial, donde practicamente se reducen a 3 los juzgados que conoceran "rotativamente", los casos en la Etapa Preliminar.

La Cámara Penal de la Corte de Apelación, excluye en dicho auto la autorización de comunicar igualmente a la Procuraduría Fiscal de la Corte de la provincia Santo Domingo.


En busca de los de los actos… ¿perdidos?

No cabe duda que la nueva disposición de la Suprema Corte a afectado el desenvolvimiento del sistema administrativo de notificaciones y citaciones ya que las victimas e imputados de los casos que se ventilaban a esa fecha no tienen conocimiento de la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de su país, además de las audiencias, por otro lado tenemos la malograda economía personal de la mayoría de los sujetos procesales.

El pasado 2 de junio 2009, en la Secretaria de los Juzgados de la Instrucción, Ivette Calcaño, informó que se le estaba dando aplicabilidad a un auto de la Suprema Corte de Justicia, pero que hasta ese momento no se había hecho público a los usuarios y usarías de justicia. Por lo que se deduce que el derecho a la información de las partes se estaba violando, hasta el momento. Sin comentario. Favor de nota al final.


A quien beneficia la nueva "medida"

La necesidad que dio motivación a la adopción de la medida, por parte del Pleno de la SCJ, no esta del todo clara: es que la Comunicación d/f 21 mayo 2009, Núm. 20734, emitida por el director General de Carrera Judicial, no contiene un anexo con copia de la decisión administrativa.

Los imputados e imputadas de procesos criminales y correccionales deben estar muy “felices” porque el vencimiento del plazo de los casos que se han “re-sorteado” para ser asignados a otros jueces, les llegara más rápido: cuando en una decisión posterior el Juez de la Ejecución de la Pena le toque computar la condena emitirá un fallo legalmente “justo”.

Mientras las victimas, quizás constituidas en querellante o actor civil, tendrán que ver como el expediente es reenviado a otro juzgado sin entender porque pasa esto. Sus derechos están siendo violados por la administración judicial, sin una razón jurídicamente valida. La tesis de “la Crisis del Galantismo Penal”, predicado por este servidor cada vez mas se fundamenta con la praxis judicial.


La provincia con falta de tribunales penales

La provincia Santo Domingo no fue beneficiada recientemente por la Suprema Corte de Justicia con nuevos tribunales ni juzgados de la instrucción. No obstante las estadísticas judiciales avisan un aumento vertiginoso de los casos criminales que se judicializan.

Son 7 municipios con siete distritos municipales: la más poblada del país y con los niveles de criminalidad más altos. Esto debe alertar a las autoridades judiciales para tomar en cuenta lo mas antes posible la creación de un tercer Tribunal Colegiado, y de en vez de reducir el radio de acción de los juzgados de la instrucción, incluir la creación de 2 juzgados más, que constituirían 7, uno por cada municipio.

Pero parece que los munícipes de esta demarcación territorial, seguirán con la misma odisea del “viejo código”.


Conclusión

Es evidente que la economía particular de los usuarios de justicia penal es la más perjudicada en estos casos. Es mas que probable que la SCJ, ha emitido una decisión que atenta gravemente al debido proceso de ley en esta jurisdicción penal; que las partes que son el porqué del sistema de justicia, no fueron advertidas expresamente antes de poner en ejecución dicho plan, ni mucho menos el representante de la sociedad: el Ministerio Publico.

Esperemos que las gigantesca y amenazante bola de nieve que significa la aplicación de esta decisión administrativa no culmine con extinciones de procesos, que le han constado al pueblo dominicano una cuantiosa cantidad de impuestos.

Desde aquí se le hace un llamado a las autoridades de la SCJ, para que revisen y supervisen con lupa la aplicabilidad de esta medida, que desde ya esta ocasionando un caos procesal sin precedentes; y al Ministerio Público, que solicite estos autos para que adecue su administración, sin que salgan perjudicados ninguna de las partes, ni los abogados ni abogadas, que religiosamente acuden a dicho Palacio de Justicia.-


Nota: Al fin y al cabo, tuvimos que esperar 48 horas para que a los corresponsales de Punto Legal RD, la Secretaria de los juzgados de la Instrucción nos emitiera una foto-copia simple de los documentos y se publicara este informe Especial, conforme a las directrices de la ley 200-04, de libre Acceso a la Información Publica, y su reglamento. Gracias a la insistencia no tuvimos que iniciar la instancia.-


FUENTE BIBLIOGRAFICA:

1.- ley 141-02 y sus modificaciones. R.D;
2.- Acta 16/09 de la SCJ d/f 30 de abril 2009;
3.- Comunicación d/f 21 mayo 2009, Núm. 20734, emitida por el director General de Carrera Judicial;
4.- Auto. Núm. 73-G-2009 d/f 29/5/2009;
5.- Auto No. 50/2009 de fecha 29 de mayo 2009.


FE DE ERRATA:

Este CENTRO VIRTUAL DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION JURIDICA, tiene a disposición las foto-copias de estos documentos administrativos a cualquier ciudadano y ciudadana, solicitándolo debidamente a nuestro correo electrónico: puntolegal03@hotmail.com .

Por otro lado la Secretaría General de la jurisdicción Penal ubicada en la 2da. Planta del Palacio de Justicia, No. 27, charles de Gaulle, del municipio Santo Domingo Este, también tiene a disposición dichos actos.


Punto Legal RD 2009