Es el caso del Licenciado Lino Vásquez, actuar Coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia del Poder Ejecutivo, quien calificó la propuesta de reforma como "un acto de populismo penal la reforma al Código del Menor que busca endurecer las penas e instó a realizar una protesta del silencio para manifestar desacuerdo".
Agregando que “El aumento penal no es la solución, sino que hay que seguir trabajando en la rehabilitación y la reinserción social de los adolescentes”.
En ese mismo tenor expresó que está indignado por la actitud de los legisladores, y los llamó a supervisar la aplicación de la ley y que ¨sólo la respuesta a la exclusión social, a la educación y a la salud podrían reducir la criminalidad entre los adolescentes”.
Agregó además que el aumento de las penas a los 600 menores apresados no va a resolver la criminalidad.
La posición del nombrado funcionario se suma a la externada en octubre de este mismo año (2011), la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA), la Coalición de ONGs por la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) quienes rechazaron la propuesta de reforma al Código del menor, al considerar que aún no se han producidos cambios significativos que justifiquen una modificación de la magnitud que se propone.
Estas autoridades consideraron que las políticas penales, deben formularse para todos los ciudadanos y ciudadanas con espíritu de permanencia, modificándose sólo, cuando después de años de implementación, la evaluación rigurosa de las mismas lo recomiende. “Las penas por sí solas no constituyen el remedio a la delincuencia juvenil, hay que atender a las causas de la delincuencia y continuar desarrollando políticas globales que favorezcan la inserción educativa, laboral y profesional de los jóvenes”, destacaron.
Aunque la Ley establece que la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes debe ser utilizada como último recurso y durar el menor tiempo posible, en República Dominicana la prisión es la única respuesta tanto antes del juicio como, con posterioridad, a la sentencia; sin que se haya desarrollado el modelo de medidas alternativas de base comunitaria, que podría contribuir notablemente a la reinserción social del adolescente.”, precisaron las organizaciones.
Señalaron que el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) constituye un gran logro para la sociedad dominicana, ya que responde a los compromisos asumidos por el Estado con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios y acuerdos internacionales relativos a la justicia penal de adolescentes.
“El modelo de justicia establecido en la Ley 136-03 busca determinar la responsabilidad del adolescente en el marco de un proceso justo con la finalidad reeducativa”, agregaron.
Destacaron que la Constitución dominicana, en su artículo 40, establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la reeducación y la reinserción social. “ésta es la única, real y efectiva manera en que la sociedad dominicana puede lograr que los adolescentes en conflicto con la ley, al quedar en libertad, sean entes productivos.”
En el otro extremo observamos al Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Diego José García, quien apoya la actuar propuesta que se debate en el Cámara baja del Congreso Nacional, la cual califica como muy positiva la modificación de nueve artículos del Código de Niños, Niñas y Adolescentes o Código del Menor, los cuales aumenta la pena máxima de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; e incrementa la pena máxima de 5 a 15 años de reclusión a los que delinquen con edades entre 16 y 18 años.
El Representante gremial apoya la ampliación del plazo para la investigación dispuestos en la pieza que plantea elevar de 10 a 30 días la investigación a los menores acusados de cometer en un hecho delictivo.
“Con el aumento de las penas a los menores que delinquen se les envía un mensaje claro a la sociedad de sanciones mas severas, así como también un mensaje a aquellos adultos que utilizaban a menores para cometer actos delictivos”, expresó García.
El Gremio que agrupa a los Abogados también calificó como alarmante las estadísticas presentadas en el Hemiciclo que indican que en los últimos años más de 5 mil menores han sido sometidos a la justicia por consumación de hechos criminales; se cometieron 3 mil homicidios y se realizaron 4 mil transacciones de narcotráfico. Cometieron además más de 2 mil acciones de robos y atracos, en los últimos dos años y medio.
Asimismo destacó que la modificación de dicho Código fue realizada tomando en cuenta los acuerdos internacionales que protegen a los menores.
El Presidente del Colegio de Abogados señaló que aunque el incremento de las sanciones busca reducir los niveles de criminalidad y envía un mensaje a los infractores, no es la solución absoluta al problema.
Diego José García dijo que el Gobierno y la sociedad en general debemos de trabajar en la prevención de los delitos de menores a través de la educación, orientación, oportunidades de empleos, incentivos, fortalecimiento de la familia, promoción de valores y otros.
NUESTRA OPINION
Las posiciones encontradas de los sectores anteriormente destacados da muestra que existe una pluralismo en lo que a criterios sobre propuestas sobre política criminal en materia de justicia penal: por un lado esta la CEJNNA, el CARMJ y la UNICEF, que buscan que se ejecuten y se cumplan las normas jurídicas actuales incluyendo el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y que busquen criterios objetivos para la reforma legal de la norma especial.
En el otro y no muy lejano extremo contamos con la posición del Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Diego J. García, quien apoya la propuesta apoyado en los informes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sumando su opinión particular frente a la propuesta legislativa.
Detrás del escenario intelectual y burocrático se encuentra una realidad histórica que las estadísticas criminales muestran: infracciones graves que los y las menores de edad realizan y los tribunales de Justicia Juvenil ratifican. ¿Hasta que punto la política criminal del Estado en materia de justicia de menores en conflicto con la ley penal ha avanzado desde el primer momento de aplicación de la ley 136-03? ¿las instituciones del Estado llamadas a asistir al sistema para la protección de los derechos de los y las menores están jugando su rol social conforme a la citada normativa? ¿Bajo que criterios científicos se sustentan los informes para una eventual modificación legal? ¿Quienes de las autoridades oficiales que han hecho opinión pública tendrá la respuesta?. Espero que una de ellas responda.
Somos de opinión al igual que Comisionado de Justicia Lino Vásquez Samuel, que el populismo penal está influyendo en la toma de decisiones de los legisladores, además de la influencias de otros modelos de justicia, como es el caso de los Estados Unidos de America, quienes contemplan en su Política judicial bajo ciertos criterios de imputación, que los menores de 18 años sean juzgados como adultos y castigados por el Estado con severas penas.
Según registra en el controversial proyecto de reforma legal, los artículos que podrían ser modificados por los diputados de la ley 136-03 podrían ser el 223, 224, 279, 280, 291, 296, 339, 340 y 380, disponibles al pie de este análisis.
Reiteramos nuestra conclusión presentada en nuestro análisis jurídico publicado en este mismo medio en el año 2009 "Los Menores: al derecho y al revés", donde abogamos por una políticas más inclinada a la prevención que a la represión oficial".
En dicho estudio indicamos que "la mejor manera de prevenirse contra la delincuencia juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual se requieren adecuados programas de asistencia social, económica, educacional y laboral".
Añadimos en dicho articulo la opinión de una funcionaria de la Procuraduría General de la República, la psicóloga Ramona Coronado, Coordinadora de la Unidad de redes de Apoyo del Sistema de Atención Integral de los Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal, quien con tono de pedagoga expresó: “Todos tenemos derecho a cambiar, fundamentalmente los adolescentes que están en un periodo en transición. Si comenzamos a trabajar en el seno de la sociedad atacando el problema por la raíz, de seguro que las cosas deben cambiar, porque como decía Bernes: Nacemos príncipes o princesas, pero a veces, el medio o la falta de educación nos convierte en sapo. A la mayor cantidad de esos jóvenes nadie los quiere. Son victimas de victimas, rechazados por todo el mundo. Nosotros tratamos de sembrar valores en ellos, principios, disciplina y amor”.
En lo que la gran mayoría podría estar de acuerdo con este servidor es que se necesita más voluntad de involucramiento de las autoridades llamadas a cumplir las obligaciones emanadas de la ley 136-03, para una verdadera y efectiva política que garantice los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que sean los esperados ciudadanos ejemplares del mañana y no los "maldecidos e indeseables infractores de la ley y la paz social" del futuro.
Apoyamos una reforma del sistema de justicia penal juvenil pero apoyadas en criterios objetivos en base a nuestra realidad social y rechazamos toda ley legislada "al vapor".
Bibliografía consultada y recomendada en la red:
1. Proyecto de Reforma a la ley 103-03 de la Cámara de Diputados en formato PDF.
2. Articulos y reportajes de diarios y blogs en versión digital:
2.1: CEJNNA, Coalición ONGs por la Infancia y UNICEF rechazan reforma al Código que protege a la Niñez y Adolescencia;
2.2: Lino Vásquez critica la reforma a Código;
2.3: CARD pide se agilice modificación en segunda lectura a Código del Menor;
2.4: LOS MENORES: al Derecho y al Reves.
VISION LEGAL-RD 2011
