Por José Iván Díaz
Luego de ausentarme un
tiempo del escenario doctrinal y escriturar del Derecho dominicano, como todo buen jurista, he vuelto con un
artículo que era esperado por mis lectores y seguidores, donde tengo a bien
presentar una breve exposición critica la obligación de asistencia alimentaria
hacia el individuo menor de edad vista desde la Suprema Corte de Justicia, de
conformidad con Ley 136-03, que estatuyó el sistema de protección de los
derechos y garantías fundamentales y legales de los niños, niñas y adolescentes.
Específicamente, tengo a bien presentar una reseña cronológica de varias
sentencias que recogen el criterio constante por la Alta Corte en
materia de Pensión Alimentaria, ademas de la historicidad del analizado concepto juridico en la normativa nacional y la convecionalidad.
La Pensión Alimentaria del individuo menor: historicidad en lo local e internacional
La Ley 136-03, crea un sistema especial de orden público, que pretende proteger al segmento de la población representado por los niños, niñas y adolescentes, obligando a la familia, a la comunidad, al Estado y a la sociedad en general a garantizarle todos sus derechos, preservando su salud física y psíquica, así como su desarrollo espiritual, cultural y social.
En el caso de la Pensión alimentaria, este instituto jurídico es parte de dicho sistema de protección, por lo que constituye un derecho para el individuo menor de 18 años o individuo mayor de edad que padezca de una enfermedad mental y una obligación hacia el padre y la madre, según señala el código para la protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Para tales fines, este Código define y establece la protección integral de estos derechos regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad…”.
Es importante señalar que dicha ley debe ser revisada y adecuada a la Constitución nacional, la cual fue modificada en el año 2010, ya que si examinamos, el reconocimiento de los derechos del individuo para la Norma Sustantiva inicia desde la concepción(derecho a la vida: articulo 37, Constitución, 2010).
En la actualidad, para la legislación dominicana, el Estado el individuo es titular de derechos, desde que es concebido desde el vientre de la madre, la cuál de igual modo tiene el derecho a ser asistida por los poderes públicos sin importar la condición social o el estado civil, en caso de desamparo, como lo señala y ordena el articulo 55 numeral 6, de la Ley de Leyes dominicana.
Más allá de cuestiones filosóficas encontradas, así como ideas religiosas que influyeron en la estructuración de las normas en cuestión de corte subjetivo, dado por la gran influencia de la moral cristiana y el derecho natural y canónico, sería moral y filosóficamente imperdonable que se oculte que el orden jurídico local ha venido cambiando de acuerdo al interés del grupo dominante, y que la Carta Magna actuar es de corte conservador, sólo con identificar la premisa ideológica que dio origen al nombrado artículo 37 de la Norma Sustantiva, donde el derecho a la vida del individuo es inviolable desde la concepción, de forma radical, sin excepciones, y que todo acto que atente contra el individuo no nacido, es castigado como un delito descrito y sancionado por el código penal vigente con el nombre de aborto.
Es un hecho objetivamente verificable que el padre y la madre, (la familia) se convierten en un “medio para un fin del Estado”, tras su objetivo superior de protección jurídica, así como las demás organizaciones de la sociedad.
La historia del Derecho dominicano demuestra que el sistema de protección en materia de obligación alimentaria del niño como instituto jurídico especial, no inicia ni en el año 2003 ni mucho menos con la reforma a la Constitución dominicana en el 26 de enero del 2010, sino cincuenta y tres años antes, el 10 de junio de 1950, en pleno gobierno del déspota Rafael Leonidas Trujillo, con la promulgación de la ley 2402, normativa que no se refería a la educación integral, formación académica, recreación, medina, asistencia, como lo han hecho La ley 14-94, que es el primer Código del Menor, que fue reformado de forma integral y sin consideraciones de hecho, por la ya señalada ley 136-03; ya que el amparo de la norma 2402, el menor de 18 años era considerado como un animal de granja, que solo había que darle comida.
La historia del Derecho dominicano registra las siguientes normativas de protección al individuo menor de edad en materia de alimentos, a saber:
- A
partir de la promulgación el 16 de abril el año 1884 del Código Civil, la pensión alimenticia como instituto jurídico
aparece por primera vez en la legislación dominicana, en su capítulo V, que
trata de las obligaciones que nacen del matrimonio es donde, en los artículos 203 al 211 y como el titulo IX que comprende
la autoridad del padre y la madre en el párrafo 3, del artículo 371 un derecho entonces
exclusivo del o los hijos nacidos dentro del matrimonio.
- El
10 de junio 1950, se promulga la ley 2402, que hace obligatoria por primera vez
en la República Dominicana la
asistencia alimentaria a los hijos menores de 18 años.
- Ley No. 3352
de 3 de agosto del 1952, es la que adopta medidas para sancionar a los
responsables de la vagancia y el abandono de los niños.
- Ley No. 335
de julio de 1964, dispone que los jueces de paz tendrán jurisdicción exclusiva
en los casos contemplados en la Ley 2402 de 10 de junio de 1950, sobre
Asistencia Obligatoria a los hijos menores de edad.
- En 1970, se
reforma la Ley No. 2402. con la Ley 567, que agrega los Párrafos V, VI y VII al
Artículo 4 de la nombrada norma.
- Ley 14-94 que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Ley 24-97, reforma el Código Penal: en los Arts. 357-3 al 357-5, se expone el abandono de familia, que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año y multa de quinientos a mil pesos y también se castiga al hombre o mujer que no notifique su cambio de residencia después del divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio o de sentencia condenatoria al pago de una pensión, mientras quede obligada en el futuro.
- Ley No. 136-03 que reforma de forma integral, la ley 14-94, elimina las atribuciones de los juzgados de paz, así como al fiscalizador en materia de Pension Alimentaria.
- En el año 2005, el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, reglamento el procedimiento para la homologación de los actos
levantados por conciliación de las partes obligadas en materia de manutención,
bajo el numero 1471.
- Ley
No. 52-07, modificó Ley No.
52-07, del 23 de abril de 2007, que modifica los Artículos 174, 176, 178,181,
187, 192, 194, 195, 197 y 198 de la Ley No. 136-03, que devuelve las atribuciones
al Juzgado de Paz ordinario y al fiscalizador en esta materia.
- La reforma de la Constitución, promulgada en el año
2010, (Gaceta Oficial No.
10561), el derecho de familia
obtiene el rango constitucional, con una serie de derechos y obligaciones,
señalando que el fundamento de la sociedad es la familia, especificando los
tipos de uniones civiles, especificando sobre la protección de la maternidad,
así como la paternidad y maternidad responsable.
La normativa internacional:
a) Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
b) Declaración
Universal de los derechos del Niño.
c) Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentaria.
d) Convención Americana de los derechos humanos.
e) Pacto
Internacional de los Derecho Civiles y Políticos.
f) Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores,
reglas de Beijing.
En 1978, antes de la celebración del
Año Internacional del Niño, la Organización de las Naciones Unidas propuso la idea
de hacer una convención sobre los derechos del niño basada en la Declaración de
los Derechos Humanos (1948). El texto de los Derechos del Niño fue aprobado por
la Asamblea de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989 y se
transformó en documento jurídico en septiembre de 1990.
La República Dominicana ratificó la Convención sobre los Derechos
del Niño, el 11 de junio del año 1991. Con este hecho el Estado
dominicano se responsabilizó a cumplir y difundir los contenidos de la
Convención, así como también a crear la legislación nacional que integre los
principios de la misma, como en efecto lo ha venido haciendo desde la
promulgación de la Ley 14-94 que creó el Código para la Protección de los
Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como a su
reforma integral por la ley 136-03 con sus modificaciones.
La jurisprudencia nacional en materia
de Pensión Alimentaria
1. Criterio sobre la fijación de la
Pensión. Al fijar la
pensión alimenticia, el Juez debe tener en cuenta no sólo los emolumentos del
padre, sino también las posibilidades económicas de la madre, con quien viven
los hijos. Fuente: Boletín
Judicial SCJ, No. 712.
Año 531; No. 724. Año 742; No. 726. Año 1143. No. 727. Año 1998. No. 838. Año 1951; y No. 838. Año 2002.
2. Competencia del Juez de Paz. El Juez de Paz tiene competencia
exclusiva para la asistencia a los hijos menores de 18 años, tanto en lo civil
como en lo penal. El único caso en que es competente el Juzgado de Primera
Instancia es al conocer de una demanda de divorcio o separación de cuerpos, en
que la cuestión de alimentos es accesoria. Fuente: Boletín
Judicial SCJ No. 723. Año
442.
3. Deber de estatuir sobre el fondo del
Juez. El hecho de que la
madre entregue a los menores a su padre (el inculpado) no debió ser motivo de
sobreseimiento, sino que el Juez debió estatuir sobre el fondo. Boletín
Judicial No. 732. Año 3238.
4. El carácter provisional de las
sentencias de Pensión Alimentaria en cuanto al monto. Las sentencias fijando pensiones
alimenticias tienen siempre en cuanto a su monto un carácter provisional y
pueden ser modificadas si se prueba un estado económico distinto. Por eso no
adquieren la autoridad de cosa juzgada. Boletín Judicial No. 744. Año 2842; y No. 786. Año 791.
5. El cumplimiento parcial de la pensión y
configuración de la culpa. Si el
prevenido ha atendido de vez en cuando a las necesidades de la niña, no se
configura el delito del Artículo 2 de la Ley No. 2402 de 1950. Sin embargo,
procede fijar la pensión. Boletín
Judicial No. 751. Año
1582.
6. Criterio sobre el análisis de la
demanda en reducción de pensión alimentaria y prohibición al juez. Si el padre pide reducción de la
pensión alimenticia, el Juez no puede motivar su sentencia haciendo suyas las
consideraciones en que se basó el Tribunal cuando fijó originalmente la
pensión, sino que debe analizar los alegatos del padre. Boletín Judicial No. 758. Año 54.
7. Criterio para homologación de acuerdos
por incumplimiento y capacidad económica actual del padre obligado. A pesar de haberse fijado
contractualmente una cantidad determinada a pagarle a la madre para el cuidado
del menor, el Juez estuvo en la obligación de ponderar los documentos aportados
por el padre en torno a su capacidad económica. Boletín Judicial No. 760. Año 890.
8. Excepción de revisión del monto en
casación. El monto de la
pensión no está sujeto a control en casación, a menos que sea obviamente
irrazonable. Boletín Judicial No. 837. Año
1714.
9. La demanda en reducción de Pensión
Alimentaria. Las acciones en
reducción de pensión son nuevas demandas en justicia, por lo que deben recorrer
ambos grados de jurisdicción. Boletín Judicial No. 838. Año 1870; y Boletín
Judicial No. 1068. Año 213.
10. Perdida del derecho a reclamación de la
pensión alimentaria del menor. La madre
que, en violación de sentencias de varios Tribunales, se niega a entregar a sus
hijos menores al padre y que, cuando llegan en poder de éste, los sustrae, no
tiene derecho a la pensión para su mantenimiento. Boletín
Judicial No. 871. Año 1538.
11. Motivación de la sentencia con los
recursos de los padres. La
sentencia debe ser motivada con la mención de los recursos de los padres y las
necesidades del menor. Boletín
Judicial No. 896. Año
1561; y No. 945. Año 938.
12. Criterio para reducción del monto de la
pensión. Al reducir el
monto de la pensión, el Juzgado a quo tomó en cuenta las necesidades de la
menor, así como las posibilidades económicas del padre. Boletín Judicial No. 1067. Año 378.
13. Carácter provisional del monto en las
sentencias de pensión alimentaria. La ley
señala la provisionalidad de las sentencias en materia de alimentos,
permitiendo que sean apelables, y por ese carácter no tienen autoridad de la
cosa juzgada, pues en determinado momento tanto el tribunal de primer grado
como el de apelación pueden modificar su monto atendiendo a la condición de los
padres y las necesidades de los menores. Boletín
Judicial No. 1068. Año 213.
14. Ejecución de la sentencia de pensión
alimentaria y recursos. La
ejecutoriedad de las sentencias de carácter alimentario cesa, no en el momento
que se interpone el recurso de apelación, sino a partir del momento en que el
tribunal de alzada sustituye la decisión que se tomó en primer grado. Boletín
Judicial No. 1068. Año 214.
15. La acción recursiva del padre y no
responsabilidad de pago de retroactivo por reducción del monto. Por esa razón, se casa la sentencia
del Juez a quo por retraer la reducción de pensión al momento que se introdujo
el recurso del padre apelante, pues sería violatorio a la ley imponer a la
madre restituir la diferencia entre las cantidades acordadas en primera
instancia y en apelación. Boletín Judicial No. 1068. Año 214.
16. Solicitud
de modificación de la sentencia sobre el monto. Si uno de los menores
alcanza la edad de 18 años antes de que la Corte conozca el fondo y sin embargo
la Corte lo incluye entre los beneficiarios de la pensión, el padre puede
solicitar modificación de la sentencia, por lo que el recurso de casación debe
rechazarse. Boletín Judicial No. 1064'''. Año 543.
1. Especificación de la edad del menor
beneficiado por la pensión en la sentencia. El fallo
debe indicar las edades de los menores a los cuales se les debe asistencia, lo
cual es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia pueda establecer si
la ley ha sido bien o mal aplicada.
2. Criterio sobre prueba negativa de
paternidad y devolución del monto. Mediante
dos pruebas de paternidad resultó que el condenado por violación a la Ley
No.2402 no era el padre biológico de la menor; sin embargo, se casa la
sentencia de la Cámara a qua que ordenó a la madre la devolución de los valores
que le fueron entregados como pensión alimenticia, pues este tipo de asistencia
es a favor de los menores, siendo la madre una simple administradora que no
tiene obligación de devolver las mesadas, a menos que se demostrara mala fe de
su parte cuando hizo la reclamación.
A pesar de que existen otras decisiones
judiciales que han creado jurisprudencia, las cuales aunque no obligan a los
tribunales inferiores del orden judicial, constituyen precedente frente a casos
que podrían ser apelados sea por las partes litigantes, como el mismo
Ministerio Público. El derecho a la alimentación del niño,
niña y adolescente debe ser celosamente resguardado por los agentes del Estado,
porque el hambre de un menor nunca debe esperar mañana.
Hasta el próximo análisis jurídico.
Bibliografía consultada:
CAPRILES, Iraima. Los Derechos de la Niñez. En: Gaceta Judicial. 1(15): 39-40. Santo
Domingo: Editora Judicial, S.A. 4-18 de septiembre de 1997.
HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la
República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p.
MOYA P., Frank; FLORÉN R., Marisol. Bibliografía del Derecho Dominicano 1844-1998.
Santo Domingo: Amigo del Hogar, 1999. 327p
Constitución de la
República Dominicana, 2010.
Ley No. 136-03 que crea el Código para la Protección
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
Publicada en la Gaceta
Oficial 10234.35.
Código Civil dominicano, 1884.
VISION LEGAL-RD 2014
